Luego...

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En diversas ciudades afectadas se produjeron robos y saqueos a los edificios y viviendas, especialmente en aquellas más afectadas, aprovechando los daños de las viviendas, los muros caídos, la huida de los propietarios hacia los cerros y la falta de suficiente presencia policial, especialmente tras el derrumbe de muchos cuarteles y comisarías.
En Constitución, los saqueos se produjeron apenas las aguas del tsunami se alejaron del centro de la ciudad. Los tres supermercados de la ciudad fueron vaciados por gente en busca de comida, agua y otros productos de primera necesidad, situación que se repitió en los pocos comercios de la ciudad que lograron mantenerse en pie. Sin embargo, al anochecer, los robos de bienes materiales en viviendas se masificaron mientras el contingente de unos cincuenta carabineros no era capaz de controlar la situación. A esto se sumó el estado de la cárcel de la ciudad, que debió desalojar a 103 reos producto de los daños estructurales que presentó. El día domingo 28, la situación comenzó a calmarse con la llegada sucesiva de refuerzos policiales: 150 nuevos efectivos llegaron ese mismo día, y 40 de Santiago y 13 de Talca al siguiente.
La situación, sin embargo, fue más fuerte en el Gran Concepción, donde horas después del desastre se produjeron varios saqueos en distintos establecimientos, lo que llevó a la alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, a demandar la actuación de los militares para resolver el caos que existía en la ciudad. El día domingo 28, un hipermercado Líder penquista fue saqueado completamente, pero no sólo por personas en busca de productos de primera necesidad; las imágenes de personas saliendo del recinto con televisores con pantalla de plasma y otros electrodomésticos se convirtieron en emblema de la situación de descontrol y fuente de un amplio debate. Con el objeto de “garantizar la situación de orden público en la zona más afectada y acelerar la entrega de ayuda”, el Poder Ejecutivo chileno decidió el día posterior al sismo el decretar “estado de excepción constitucional de catástrofe” en las regiones del Maule y el Biobío por un plazo de 30 días, lo que daba vía libre al Ejército para intervenir en caso necesario, con el objeto de garantizar la seguridad, además de ayudar en las tareas de retiro de escombros y reconstrucción.